Lilia Arellano

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PREMIOS 

12 marzo 2015.- El Club de Periodistas de México en su edición 44 hizo entrega de diversos reconocimientos a la trayectoria y el compromiso social de periodistas de todo el país.  Recibe el Premio Nacional de Periodismo por los programas de televisión y la medalla José Mujica.

 

23 marzo 2018 se lleva a cabo el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. En este evento fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo el Programa de Radio Estado de los ESTADOS que conduce Lilia Arellano junto a Francisco Rodríguez, Abelardo Martin y Claudia Rodríguez.

 

 

 

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Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

 

 

 

“Casi todos los médicos tienen sus enfermedades favoritas”: Henry Fielding.

       

       Más impuestos, menos salud y explotación hídrica

       IEPS a refrescos no incide en obesidad; sólo 10% a salud

       Enrique Peña Nieto impulsó privatización del vital liquido

           En la Cámara de Diputados aprueban la paridad de género

 

Ciudad de México, 24 de mayo de 2019.- A fin de combatir problemas de salud como obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas a esos padecimientos, como la diabetes, hipertensión y distintos tipos de cáncer, así como para disminuir su consumo, en 2014, con la reforma fiscal, entró en vigor del gravamen a las bebidas azucaradas. Pero… el objetivo no se cumplió. La industria de refrescos y agua embotellada es usuaria intensiva de agua subterránea; está integrada por empresas gigantes, las cuales sobreexplotan acuíferos en estado de estrés absoluto, al mismo tiempo obtienen beneficios estratosféricos con el agua subterránea extraída, pagando un costo mínimo de derechos al gobierno, el cual no compensa en nada los impactos ambientales causados. Además, ejercen un control absoluto sobre sus trabajadores.

 

El impuesto a bebidas azucaradas como medida fiscal fue buena al gravar uno de los consumos más elevados de refrescos en el mundo, pero lo recaudado no funcionó para combatir esos problemas de salud pública. Además, las familias más pobres pagan más de la mitad de ese impuesto, 62 por ciento. Y de ese tributo sólo se destina alrededor de 10% anual a programas de prevención de la obesidad y la diabetes en adultos y niños, así como a bebederos de agua potable en escuelas.

 impuestos

 

Los impuestos especiales al refresco comenzaron a aplicarse desde 2014,  primero con ocho por ciento, más el peso extra por litro de refresco y el ajuste por la inflación. Al imponerle el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los consumidores redujeron su gasto en otros rubros como el cuidado del hogar, para pagar el costo extra. En 2018, la industria de bebidas no alcohólicas alcanzó en México un valor de 22 mi 631 millones de dólares, de los cuales 64 por ciento, es decir, 14 mil 445 millones, corresponden a las carbonatadas (refrescos), rubro el cual registró un aumento anual de 10.5 por ciento. Esto es: el impuesto (IEPS) implementado desde 2014 para reducir la demanda de estos productos, no surtió efecto. 

 

El volumen de producción de las también llamadas soft drinks ascendió a 21 mil 842 millones de litros en 2018, siendo los refrescos el segmento más importante con una aportación de 13 mil 150 millones de litros. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al tercer trimestre de 2018, el monto recaudado por el IEPS a bebidas azucaradas fue de 19 mil 703 .8 millones de pesos, un alza de 6.4 por ciento frente a la suma del mismo periodo del año anterior.  En tanto, el IEPS cobrado a bebidas energetizantes fue de 2.4 millones de pesos, un aumento de 14.8 por ciento en términos reales –descontada la inflación- comparado con el tercer cuarto de 2017.

 

Para 2022 se prevé la industria refresquera alcance un valor aproximado por 19 mil 933 millones de dólares. Los refrescos son la bebida favorita de los mexicanos, tanto en caso como fuera de ella, con 78,9 y 55.9 por ciento de participación en la preferencia, respectivamente. De acuerdo a Euromonitor Internacional, el gasto medio anual en casa (incluyendo productos como agua, jugos, bebidas energéticas y té, entre otros) es de 2 mil 344 pesos; mientras que fuera es de 904 pesos, con un ticket diario promedio de 26 y 24 pesos, en cada caso.

 

Evidentemente la industria se ha ido adaptando a dichas modificaciones en la ley a través de nuevos formatos de sus productos y replanteamiento de fórmulas en algunos casos. Los mexicanos han buscado en los refrescos retornables una alternativa para compensar el IEPS a las bebidas carbonatadas, pues son productos más económicos. Para el primer año del cobro del impuesto especial el consumo de refrescos bajó 1.9 por ciento, pero para 2018, aumentó entre 1 y 1.5 por ciento. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productos de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), “el impuesto a bebidas saborizadas, principalmente ha sido regresivo, inflacionario, recaudatorio, e ineficaz, pues el consumidor es quien paga el precio. El impuesto se tradujo en un incremento en precios de 4.2% en 2017”.

 

En el primer semestre de 2018 se recaudaron 12,525.4 millones de pesos por el impuesto a bebidas, 73.2% más que el mismo periodo de 2014, cuando entró en vigor el impuesto, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el acumulado de 2014 al primer semestre de 2018 se recaudaron 98,708.6 millones de pesos por dicho gravamen, pero el consumo no bajó. “El impuesto es ineficaz para disminuir la ingesta calórica, de las 3,072 calorías que diariamente consumimos los mexicanos, la reducción del consumo de calorías provenientes de refrescos no ha sido significativa, menos de 7 calorías a 4 años de implementación del impuesto”, señala la Anprac. De la ingesta calórica diaria, los mexicanos consumen 400 mililitros de refresco, es decir, un 5.5% del total.

 

 Según el estudio La industria de las bebidas no alcohólicas en México, del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el aumento en el costo de los refrescos sólo ha representado una baja en consumo comparable con una cucharada o un sorbo al día. Además, los rubros presupuestales correspondientes a prevención de obesidad en adultos, niños y bebederos de agua potable en escuelas suman alrededor del 10% de lo que se recauda anualmente, aseguró Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.

 

Para lograr una mayor transparencia y administración de los recursos, considera el especialista, se podría abrir un fondo para que lo recaudado por el impuesto a bebidas endulzadas se vaya a programas específicos para el combate a la obesidad o el tratamiento de la diabetes. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el costo de atención de la diabetes es de 707 dólares al año por persona, por lo que con los 51,285.8 millones de pesos recaudados en los primeros dos años de vigencia del gravamen, se podrían atender a casi cuatro millones de los 6.4 millones de adultos que padecen diabetes mellitus tipo II en el país.

 

Tania Ramos, representante la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, destaca: los impuestos especiales a los refrescos no han reducido ni el consumo de esas bebidas ni la obesidad en el país. El gravamen no sólo no cumplió el objetivo de hacer frente a la obesidad y sobrepeso, sino aumentaron la desigualdad social en el país, limitaron el crecimiento económico, restringieron el bienestar social y no inhibieron el consumo. “Actualmente los mexicanos consumimos más de tres mil calorías diarias, 50 por ciento más que las recomendadas por la OMS. De entre esas tres mil calorías, sólo entre el cinco y seis por ciento provienen de las bebidas saborizadas”, argumentó.

 

Y subrayó: “durante los cinco años que tiene de vigencia este impuesto, los incrementos de precios de más del doble de la inflación generaron una disminución de aproximadamente dos calorías diarias. Es evidente que esta medida no mejora ni la dieta ni la salud de los mexicanos”.

 

EPN IMPULSÓ PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

 

La industria de refrescos y agua embotellada es usuaria intensiva de agua subterránea; está integrada por empresas gigantes, las cuales sobreexplotan acuíferos en estado de estrés absoluto, al mismo tiempo obtienen beneficios extraordinarios con el agua subterránea extraída, pagando un costo mínimo de derechos al gobierno, el cual no compensa en nada los impactos ambientales causados, sostiene Anahí Lanuza García, maestra en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Para dimensionar lo redituable que resulta a las empresas refresqueras y embotelladoras de agua de los acuíferos, basta decir que en términos de costo-beneficio, un gasto de 19.82 pesos (por cada m3 de agua) genera una ganancia neta de mil 008.21 pesos, es decir 50 pesos por cada peso invertido en la compra de agua.

 

Este extraordinario negocio fue impulsado al final del sexenio anterior. El pasado 5 de junio, en plena campaña electoral y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, los cuales fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. Pero, especialistas advirtieron esa medida “propiciaría la concesión del agua, los diez decretos de aprobar una Ley General de Aguas, permitirán la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite”. Gobernadores del PAN y del PRI, con sus respectivos congresos locales, avalaron la entrega a trasnacionales ávidas de acaparar, concentrar y explotar libremente el agua que pertenece a los mexicanos.

 

Los especialistas alertaron también el agua potable será más cara y quedará en manos privadas. “Cada uno de los decretos, en esencia, dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas, y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco)”.

 

El gobierno de Peña Nieto eliminó así la protección sobre grandes cuencas hídricas del país y en la práctica abrió la puerta al uso de esa agua por agentes privados. El mexiquense convirtió las zonas de veda –en las que la extracción de agua está casi completamente restringida- en zonas de reserva, también protegidas, pero en las cuales se permite, de manera limitada, la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, si las autoridades lo consideran “de utilidad pública”.

 

De acuerdo con juristas, eso deja en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este recurso a compañías de diversos sectores, entre ellos la minería, la fracturación hidráulica (fracking), la industria refresquera o la generación de energía hidroeléctrica.

 

La medida cambió la catalogación de casi 300 de las 757 cuencas de México. En los hechos, se trata de más de la mitad de los lagos y ríos de México. Esos decretos, advirtió la coordinadora nacional Agua para Todos, el mayor ente mexicano en defensa del derecho humano al agua, la cual agrupa a casi una treintena de organizaciones de todo el país, ”van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes que están exigiendo las empresa mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales”.

 

De acuerdo a un análisis de esta organización, hasta 50 mil derechos de uso de ejidos y comunidades indígenas en estas zonas protegidas que ya han caducado se liberarán para poder ser concesionados a privados. El 80% de las cuencas hídricas mexicanas ya están sobreexplotadas, y este cambio legal no hará sino profundizar esa situación, advirtió Raúl Pacheco-Vega, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) especializado en la gestión de recursos naturales. “Básicamente lo que permiten estos decretos es cambiar la política hidráulica mexicana de centrada en la conservación a privatizadora”. Y agrega: “es en definitiva una privatización secundaria: no se trata, literalmente de vender el agua en este momento, pero sí se autoriza el uso futuro para industrial y de servicios”.

 

Antes, en un lapso de dos décadas, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron 97 millones 800 mil hectáreas a empresas mineras. Y de 2006 a 2015, el volumen concesionado al uso de industria autoabastecida, proveniente de aguas subterráneas, se  incremento 51.45 por ciento.

 

Al mismo tiempo, empresas como Femsa, Coca Cola y Pepsico distribuyen más del 80 por ciento del agua de consumo humano, lo cual se ha visto favorecido con la entrega de los causes hidráulicos principalmente de Veracruz, Tabasco y Campeche.

 

Las compañías refresqueras y embotelladoras están sobreexplotando el agua y podrían agotar en definitiva los mantos acuíferos que la abastecen, advirtió Lanuza García. Ese oligopolio contribuye de manera notable en el déficit de líquido por sobreexplotación de las fuentes: en 0.60 por ciento en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM); en 1.13 por ciento en Chalco-Amecameca; y en 7.3 por ciento en Cuautitlán-Pachuca, lo cual representa la “extracción del recurso fósil cada vez a mayor profundidad”.

 

Además, la industria refresquera ejerce un control absoluto en sus trabajadores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Vitivinícola, Licorera, Refresquera e Industria Embotelladora, Similares y Conexos de la República Mexicana, es una de las organizaciones gremiales más poderosas del país. En los últimos años, han sido casi inexistentes los conflictos laborales en esta rama de la producción. El último se presentó apenas en febrero del mes pasado cuando un grupo de trabajadores de la empresa Coca Cola inició un paro de labores en la planta de Matamoros, Tamaulipas. Cerca de 500 empleados sindicalizados se rehusaron a iniciar las actividades, en presión a la empresa para que acceda a mejoras de sueldos. Los inconformes pedían un incremento salarial de 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos. Esa mejora ya se había aplicado a varias empresas de la localidad.

 

Sin embargo, casi de inmediato, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tamaulipas determinó improcedente la huelga y turnó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De acuerdo con expertos laborales, como Ricardo Castro Garza, de Baker & McKenzie, y Daniel Ordaz, gerente regional de Mercer, ese bloqueo “es ilegal”.

 

DE LOS PASILLOS

 

La actividad económica disminuyó 0.6 por ciento en marzo, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una disminución de 0.6 por ciento con relación al mes anterior, con cifras desestacionalizadas. En el tercer mes del año, por grandes grupos de actividades, las primarias fueron aquellas quienes tuvieron el mayor retroceso, de 2 por ciento; las actividades económicas secundarias presentaron una caída de 1.3 por ciento; y las terciarias de 0.1 por ciento, si se comparan con las cifras del mes de febrero de este año. En marzo de 2019 y tras caer en los dos meses previos, el IGAE reportó su declive más profundo en 11 meses…

 

En los primeros tres meses de este año, el Producto Interno Bruto del país (PIB) disminuyó 0.17 por ciento, reportó el INEGI. De acuerdo a cifras desestacionalizadas, la economía mexicana, medida por el PIB, observó un decremento de 0.38 por ciento en el segundo trimestre de 2018, avanzó 0.67 por ciento en el tercero y varió 0.03 por ciento de octubre a diciembre. El dato del primer trimestre de 2019 es el primer descenso de los últimos tres trimestres, de la mano de mermas en las actividades terciarias y secundarias frente a un aumento en las primarias…

 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el cual se reforman disposiciones de la Constitución en materia de paridad de género. Tras la aprobación, el dictamen pasa a las legislaturas locales para su discusión.  Estas reformas permitirán que la mitad de los cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal y en órganos autónomos sean para mujeres. La norma busca fomentar también el principio de paridad en los partidos políticos, postulando candidatas en forma igualitaria de acuerdo con las reglas que marque la ley electoral, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público…

 

El próximo 30 de junio iniciará operaciones la Guardia Nacional, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Les informó que se están llevando a cabo ya los cursos de capacitación, de formación de integrantes para la Guardia Nacional y se inicia la operación nacional formal, aunque ya se está trabajando en algunos estados, pero a nivel nacional el 30 de junio, para entonces ya van a estar los primeros elementos formados porque están ahora en capacitación”, indicó en su conferencia de prensa matutina.

                    

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Marko Cortés, líder del PAN, aplaudió la renuncia de Germán Martínez al IMSS y señaló el gobierno de México debe transparentar e informar sobre la crisis en el Instituto. “La renuncia del director del IMSS exige transparencia sobre el tamaño de la crisis y los recortes discrecionales a la institución”, señaló.

 

Germán Martínez, en su carta renuncia, acusó la injerencia perniciosa de funcionarios de la SHCP en el IMSS y con ello ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud brindados en el Seguro Social.  “El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo”. El funcionario señaló se requiere de una gran reforma legal, y no una reglamentaria para acoplar el IMSS al sistema universal de salud, al modelo preventivo y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

 

Martínez Cázares imputó: algunos funcionarios de Hacienda intentan realizar una remodelación cosmética del IMSS y se niegan a dialogar con los encargados del Seguro Social, pues no han contestado requerimientos y cancelaron una reunión con el director del Instituto. “Por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la  Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar en todo el país, una suerte de “delegados administrativos estatales” fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”, reprochó. Y mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan y el rezago en infraestructura “es brutal”.

 

El ahora ex funcionario consideró: controlar en exceso el gasto provoca un retraso en la atención de pacientes y fortalecerá los servicios privados de salud, lo cual ocasionará más gastos de bolsillo a las familias. “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, increpó. 

 

Cabe recordar el deterioro de los servicios del IMSS está estrechamente relacionado con la aprobación de las reformas neoliberales a ese instituto entre 1995 y 1997, mediante las cuales se permitió la reducción de cuotas patronales, se estructuró un seguro de salud con perfil deficitario y se traspasaron los fondos de retiro, cesantía y vejez –cuyas aportaciones constituían la principal fuente de reservas financieras del organismo- a las administraciones para el retiro (Afore). Y así, mientras las clínicas del IMSS acumularon y acumulan desabasto, insuficiencia de espacios y deficiencias administrativas, las instituciones financieras encargadas de administrar los fondos de pensiones acumularon una bolsa que, con todo y las “minusvalías” que sufren recurrentemente, asciende a más de dos billones de pesos.

 

Este enorme daño a la institución y su inviabilidad financiera, fue adjudicado maliciosamente al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores. Además, se llevo a cabo toda una campaña de desprestigio a los activos de la institución: médicos, enfermeras y personal administrativo. Y aunque el IMSS asegura tener viabilidad financiera hasta 2030, al cierre del sexenio pasado sus indicadores de prestación de servicios de salud, como disponibilidad de camas, enfermeras y médicos, son menores que en 2012. El informe sobre la situación financiera del IMSS 2017-2018 reportó una disminución gradual del uso de reservas de 2013 a 2015, hasta prescindir de ellas en 2016 y 2017, e indicó se requiere continuar con medias de contención para extender su viabilidad hasta 2030.

 

Al arrancar la gestión de Peña Nieto, el IMSS contaba con 0.80 camas por cada mil usuarios y para 2017 reportó 0.69, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 4.8. Durante el gobierno de Felipe Calderón se construyeron 76 nuevas unidades médicas y en la de Peña Nieto sólo 26. En cuanto a médicos familiares, en 2012 el IMSS registraba 0.41 por cada mil usuarios y cerró ese sexenio con 0.35. Lo mismo sucede con las enfermeras: de 2.52 por cada mil afiliados al inicio de la administración de EPN bajó a 2.27 al cierre.

 

Y en esta administración federal no se vislumbra un cambio verdadero, sino sólo cosmético.

 

GN NO SE SOLUCIÓN MÁGICA

 

La alternancia de los gobiernos a nivel federal y en los estados no se concretó en modificaciones positivas a las condiciones de inseguridad y violencia en el país. Por el contrario, no sólo no ha habido avances, sino muchas entidades federativas han empeorado. Se resiente una escalada de violencia, falta de respuesta por parte de las autoridades y malas prácticas. Y desde ahora se advierte: la Guardia Nacional no será la solución mágica contra esa problemática.  Para resolver la inseguridad  y detener la ola de violencia se requiere que gobernadores y alcaldes profesionalicen a sus policías. De nada sirve tener una GN de primer orden si los estados y municipios no mejoran sus policías estatales y municipales. Es indispensable tener un nuevo modelo policial,

 

La actividad de los cárteles del narcotráfico, de las bandas de huachicoleo, de aquellas dedicadas a la extorsión y el secuestro, impulsaron la violencia en el territorio nacional durante los primeros meses de la nueva administración federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican: de enero a marzo se registraron 8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento del 9.60 % respecto a los 7,750 asesinatos registrados en el mismo periodo de 2018.  Todo parece indicar este año romperá el récord como el más violento de la historia, al superar los 33,518 asesinatos de 2018.

 

Guanajuato es el estado  con mayor violencia en los primeros meses de 2019, con 967 asesinatos de enero a marzo. La entidad se la disputan a sangre y fuego el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. El Estado de México es la segunda entidad más violenta, con 769 homicidios; y Jalisco, el tercero, con 720. La alternancia política y los cambios de administraciones estatales no han influido para reducir los índices de homicidios y delitos. Los nuevos gobiernos no han sido capaces de revertir la inseguridad, la cual ha ido empeorando paulatinamente. El año pasado renovaron gobernador los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla y Yucatán, así como la Ciudad de México.

 

El PAN retuvo Guanajuato y Puebla; Movimiento Ciudadano le arrebató Jalisco al PRI; el panismo sustituyó al tricolor en Yucatán; y Morena se alzó con el triunfo en Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. La alternancia partidista no les trajo ningún beneficio a la ciudadanía. La inseguridad siguió prevaleciendo. Por ejemplo, en Guanajuato, de acuerdo a cifras oficiales, se registraron 957 víctimas en 2015; mil 96 en 2016; mil 423 en 2017; y 3 mil 290 en 2018. Y la tendencia sigue este año. En seis meses, Diego Sinhué Rodríguez no ha podido detener los altos índices de violencia. En los últimos seis meses de la gestión anterior se cometieron mil 726 asesinatos; ya con Rodríguez en el poder, en el periodo octubre 2018 a marzo 2019, los homicidios se elevaron a mil 768.

 

Morelos presenta un aterrador panorama, con un incremento de homicidios del 33 por ciento desde la llegada al gobierno estatal del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. En los últimos seis meses de la gestión de Graco Ramírez, hubo 367 asesinatos, con Blanco la cifra se elevó a 488 casos en el primer semestre de su administración. El  nuevo gobierno no logra resolver lo problemas de inseguridad y, lo peor, no cuenta con una estrategia para solucionar esta situación.

 

En Veracruz, gobernado ahora por el morenista Cuitláhuac García, los homicidios dolosos se mantienen en los mismos índices de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. En sus últimos cuatro meses (agosto a noviembre de 2018), se registraron 544 asesinatos; en el primer cuatrimestre de Cuitláhuac García, la cifra fue de 539, sólo cinco casos menos. García culpa a su antecesor y al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, por la inseguridad.

 

Chiapas, gobernada por el morenista Rutilio Escandón, logró disminuir los  índices de homicidios tan sólo un 2% en el primer cuatrimestre de su gestión. Yucatán, con el panista Mauricio Vila, redujo los homicidios de 31 a 19 en el primer semestre de ejercicio, comparado con el último de Rolando Zapata.

 

La capital de la República también resiente incrementos en la inseguridad. En los primeros cuatro meses de la administración de Claudia Sheinbaum los asesinatos se incrementaron 39%, en comparación con los últimos cuatro meses del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entre agosto y noviembre de 2018 se contabilizaron 436 víctimas de homicidio, mientras entre diciembre y marzo la cifra escaló a 614.

 

Los gobiernos estatales, al igual que la administración federal, tienen puestas sus esperanzas de resolver la inseguridad y frenar la ola de violencia, con el despliegue de la Guardia Nacional. Los mandatarios ya consideran solicitar el apoyo del gobierno federal para el envío de elementos que resguarden su territorio. Sin embargo, Ricardo Mejía Berdeja, jefe de la Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, advierte desde ahora que la Guardia Nacional no resolverá por si sola los problemas de inseguridad y violencia. Es indispensable, dijo, que gobernadores y alcaldes profesionalicen a sus policías.

 

Al participar en el congreso “Análisis de las políticas públicas del Gobierno Federal 2018-2024”, en la mesa de Seguridad y Justicia, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Mejía Berdeja sostuvo: de nada sirve tener una Guardia Nacional de primer orden si los estados y municipios no mejoran sus policías estatales y municipales. Por eso, agregó, “estamos impulsando un nuevo modelo policial que se va  llevar al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). La idea, explicó, es que los gobernadores y los alcaldes hagan su tarea con sus policías municipales y estatales, es decir, no sólo esperen que la Federación, a través de la Guardia Nacional, vaya a resolver el problema.

 

El esquema del nuevo modelo policial plantea mejorar las condiciones de capacitación, salariales y de prestaciones a los policías locales, destacó Mejía Berdeja en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 

Por lo pronto, en el Senado de la República, de manera unánime las fracciones parlamentarias avanzaron la aprobación de las leyes secundarias para la Guardia Nacional. Los legisladores acordaron que los elementos del Ejército y la Marina quienes participen en la GN deberán pedir licencia a esas instituciones, a fin de quedar bajo el mando del nuevo cuerpo de seguridad, el cual estará bajo la jurisdicción del fuero civil.

 

DE LOS PASILLOS

 

Inició operaciones el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, vinculado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con una subasta de autos de lujo con monto de salida de casi 22 millones de pesos, entre ellos vehículos Porsche, Corvette y Lamborghini. Le seguirán otras subastas de bienes inmuebles y una más de joyas incautadas, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia diaria. En el caso de los inmuebles, detalló Ricardo Rodríguez, responsable del SAE, se rematarán tres propiedades con un valor conjunto de 133 millones de pesos, ubicadas en Las Lomas y Jardines del Pedregal…

 

Rosario Robles mantiene su coraza de impunidad. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca que dos de sus subalternos cuando dirigía la Secretaría de Desarrollo Social regresen más de 400 millones de pesos por presuntos desvíos de recursos en 2014. Se trata de  Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación Social de la Sedesol, y Amado Treviño Torres, ex director de Vinculación y Concertación Social. El saqueo a la  Sedesol y la Sedatu por parte de las gestiones de Robles asciende hasta el momento a mil 900 millones de pesos.

 

 

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LA PIRINOLA RUEDA DE LA MALA FORTUNA

Viernes, 24 Mayo 2019 09:47 Publicado en La Pirinola

LA PIRINOLA

 

ODEBRECH Y OHL PONEN A

LOZOYA EN LA CUERDA FLOJA

 

 

Pon Dos.- ¿Quién carga con la culpa, el indio

 

o quien lo hizo su compadre? Esto podríamos

 

aplicarlo a nombramientos en los cuales los

 

quintanarroenses hemos sido, por decir lo menos,

 

sorprendidos. ¿Se acuerda del General Villa? ¿El

 

supuesto descendiente de El Caudillo? Resultó ser

 

íntimo del “Mono” Muñoz, delincuente confeso en

 

EU de operar para Los Zetas junto con H. Moreira.

 

 

EL CASTILLO

 

ODEBRECHT Y OHL PONEN A

LOZOYA EN LA CUERDA FLOJA

 

En estas mismas líneas, y en el momento apropiado, se advirtió sobre las consecuencias  del caso Odebrecht en la política mexicana, particularmente en lo relacionado con, inclusive, la pérdida de registro del PRI, su eliminación de las boletas en el proceso del  2017 en el cual se libraba la máxima batalla, la de obtener o retener la Presidencia de la República. De una y mil maneras se evitó se llevara a Emilio Lozoya al banquillo de los acusados, que fuera presentado ante el Ministerio Público.

el castillo

 

Las relaciones del ex director de PEMEX, quien ya con anterioridad tenía el registro de incursiones nada claras en el otorgamiento de asignaciones directas a la empresa española OHL, fueron suficientes para, en medio de grandes tormentas enfrentadas por ex presidentes, presidentes y funcionarios en turno en Latinoamérica, el se mantuviera intocable. Su despacho de abogados está encabezado por un gran conocedor de las leyes, por Javier Coello Trejo, quien sigue a cargo de la defensa.

 

Un suicidio, dos crímenes, renuncias, han sido parte del saldo de los sobornos ofrecidos por la constructora brasileña y, en tanto eso sucedía y formaba parte de las primeras planas y comentarios de diarios y televisoras del extranjero, en México no pasaba absolutamente nada. Muy amplia y valiosa fue la información de una organización mexicana, quien proporcionó no solamente documentos, datos sino, inclusive, videos.

 

Quinto Elemento Lab formó parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, articulada por IDL Reporteros de Perú, por periodistas de La Nación de Argentina,  de La Prensa de Panama, extraída de la pagina venezolana Armando Info, del  famoso diario O Globo de Brasil y de Uruguay el informativo Sudestada

 

Por el informativo mexicano se supo que ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, Luis Meneses Weyll renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del proceso penal 6655.

 

Su testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina. Como parte de la indagatoria, Luis Alberto Meneses se presentó a rendir su testimonio sobre la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex y un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.

 

No es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Africa, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de la constructora brasileña, como lo bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó.

 

Pormenorizadamente, Meneses relató todos los movimientos hechos. Hoy se sabe Lozoya ha quedado inhabilitado por 15 años y para Coello Trejo las pruebas presentadas para la toma de tal decisión no son válidas. Sin embargo, puede ser ésta la punta de un iceberg cuyo arrastre, como dice Buzz Lightyear puede llegar “al infinito y más allá” porque… hay videos.

 

 

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

 

 

“Es el resultado el que decide de qué lado está el derecho”: Immanuel Kant

 

        No daremos nombres: AMLO

           El SAT canceló créditos fiscales por $1.1 billones: Fundar

           Empresarios privilegiados litigan anonimato en juzgados

       Emilio Lozoya A., del primer círculo de EPN, inhabilitado

 

Ciudad de México, 23 de mayo de 2019.-Citas y contrataciones de despachos de abogados famosos cuyos personajes centrales son reconocidos pero, no por su conocimiento sobre las leyes, sino por el círculo de privilegiados en el cual prestan o han prestado sus servicios, están haciendo su agosto con los empresarios. Al destaparse ese oscuro renglón de las condonaciones buscan a toda costa defenderse, por muy caros que sean los horarios de los bufetes no se asemejaran a lo ahorrado, al monto de impuestos no pagados. El poder de las firmas presidenciales fue infinito y el primer objetivo es lograr no se sepa quiénes son porque eso afectaría severamente a sus firmas, las ventas. En el exterior y motivo de líneas a futuro está también impedir se termine de hundir en el lodo su siguiente generación, la de los vástagos cuya ociosidad los hizo crear una macabra secta.

 

“...No podemos dar a conocer los nombres  de las empresas, eso lo tiene que resolver la oficina de Transparencia”, atajó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la demanda de organizaciones, legisladores y comunicadores sobre las condonaciones a grandes empresas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto otorgaron condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados por más de 400 mil millones de pesos; de éstos, 213 mil millones se concentró en 108 personas morales. Pero eso no es todo: además, el SAT canceló créditos fiscales, entre 2007 y 2018, por 1.1 billones de pesos, una quinta parte del presupuesto federal de 2019, denunció Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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Ante las presiones, en su conferencia de prensa mañanera, el mandatario argumentó: el Instituto de Transparencia resolverá si se dan a conocer los nombres de quienes recibieron condonaciones fiscales. Esa misma política, añadió, se aplicará para toda la información sobre beneficios que recibían empresas o particulares. Mientras, en los juzgados, televisoras, farmacéuticas, automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos de futbol, cuyos pagos de  impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenio de Calderón y Peña Nieto, pelean para que sus nombres y los montos condonados no sean dados a conocer.

 

El gobierno federal ya remitió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) todos los documentos relacionados con los 400 mil millones de pesos de condonaciones fiscales otorgados en los últimos sexenios. De igual forma, al vencerse el plazo fijado, se entregaron todos los datos relativos a los periodistas que fueron beneficiados con apoyos durante las pasadas administraciones, vinculados a la información que difundían. En este caso, el gobierno no hará públicos los nombres de los involucrados, subrayó AMLO.

 

 Iván Benumea Investigador de Justicia Fiscal Fundar, informó: “(además) falta que se informe cómo operaron las cancelaciones de créditos fiscales, que son medidas administrativas del SAT donde da de baja créditos fiscales o los deja de cobrar. Estas cancelaciones se acercan a 1.1 billones de pesos; estamos exigiendo esta información”, señaló en una entrevista. En esta parte, agregó, falta conocer quiénes son los contribuyentes físicos y morales, los montos y los beneficiarios; son figuras distintas, las cancelaciones son las suspensiones de acciones de cobranza.

 

En este caso, contrario a las empresas quienes buscan el anonimato mediante litigios para que se evite conocer de sus condonaciones, los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales no pueden iniciar juicios, subrayó Benumea. Esto, porque una regla de la cancelación es que a los beneficiados se les puede volver a cobrar la deuda cuando tienen de nuevo activos. “Entonces, difícilmente alguien que deba tanto o que probablemente sea evasor de impuestos o su empresa quebró litigue y lo haga (pagar) por iniciativa propia”, advirtió el investigador.

 

De acuerdo con el abogado de Fundar, las condonaciones fiscales en el periodo 2007-2018 podrían alcanzar los 628 mil millones de pesos, 57 por ciento más que lo reportado por el gobierno federal esta semana. “Existe otro tipo de condonaciones que no necesariamente son impuestos, por ejemplo, multas, recargos. Calculamos que asciende a unos 628 mil millones de pesos, beneficios fiscales que también se concentran en personas, en grandes contribuyentes”, indicó.

 

Sigue en curso conocer los nombres de las alrededor de 170 empresas que litigan su anonimato por ser beneficiadas por las condonaciones en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los juicios de amparo promovidos por bancos, casas de bolsa y grandes corporativos no han concluido. Éstos iniciaron en febrero de 2017. En ese tiempo Fundar exigió el cumplimiento de la sentencia 191/2016 emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien ordenó al SAT revelar el nombre de quienes fueron beneficiados por las condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales entre 2007 y 2015.

 

LOZOYA AL BANQUILLO

 

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber proporcionado información falsa en su declaración de situación patrimonial y omitir una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Adicionalmente, Edgar Torres Garrido, incondicional de Lozoya y quien fungió como titular de Pemex Fertilizantes, fue inhabilitado por 15 años y tiene una multa por 620 millones de pesos por pagar un sobrecosto por la compra de la planta industrial de Fertinal.

 

El cerco se cierra sobre uno de los principales operadores políticos de Enrique Peña Nieto. Se encuentra en la antesala de acusaciones de responsabilidades penales que prepara la Fiscalía General de la República (FGR). El expediente de Lozoya Austin es voluminoso: está vinculado al caso Odebrecht por presuntamente haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña para la campaña presidencial del PRI en 2012, por lo cual tiene abiertas carpetas de investigación tanto en la FGR como en la Fepade. También, en abril de 2016, fue relacionado con el caso de los llamados #PanamaPapers, en los cuales se le relacionó con el despacho panameño Mossack
Fonseca, al cual supuestamente buscó para crear una empresa offshore en Dubái.

 

Asimismo, en julio de 2015, se le involucró en otro presunto acto de corrupción, esta vez con OHL, la empresa de la cual fue consejero antes de ser nombrado director general de Pemex. De acuerdo con audios filtrados a medios de comunicación, Emilio Lozoya Austin se habría reunido con Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, para acordar los términos de su participación en licitaciones de Pemex.

 

Edgar Torres Garrido ha estado ligado a Emilio Lozoya los últimos seis años. En enero de 2013, Lozoya lo sumó a Pemex como asesor ejecutivo y en agosto de 2015, lo nombró director general de Pemex Fertilizantes. Al salir de Pemex, su mentor y amigo lo sumó a la empresa que había fundado y que encabezaba, Makech Capital, donde es jefe de inversiones. En septiembre del año pasado, en los últimos meses de la administración de Peña Nieto, la SFP le abrió un procedimiento de responsabilidades, tras una acusación de la Auditoría Superior de la Federación por haber participado en la adquisición presuntamente irregular de la planta de Grupo Fertinal en 2015. Ahora, la SFP lo obliga a devolver al gobierno federal 620 millones de pesos, una suma que pocos mexicanos podrían tener.

 

Torres Garrido hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. Por esa razón, “se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infringido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”.  El pasado mes de abril, en una visita a la refinería de Pemex en Minatitlán, Veracruz, el presidente López Obrador afirmó que la compra de la planta de fertilizantes había sido “un gran fraude”, debido a que primero se privatizó y después fue comprada por Pemex. “Valía cuando mucho 50 millones de dólares, pagaron 500 millones de dólares. Compraron chatarra… además han tenido que invertir y todavía hay una deuda de 500 millones de dólares más”.

 

DE LOS PASILLOS

 

Ricardo Peralta Saucedo releva a Zoé Robledo en la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. El abogado por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional, se desempeñaba como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahora es el número 2 de la dependencia responsable de la política interior del país. Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, hizo el anuncio oficial en el Salón Revolución de la dependencia, en presencia de cientos de empleados… 

 

En el abasto de medicamentos hay problemas, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien garantizó se resolverán, “así como se acabará con la corrupción en el IMSS y en otras instituciones gubernamentales. Hay resistencias como es lógico, pero no nos vamos a detener”, aseguró. En la conferencia de prensa matutina, López Obrador resaltó que tan sólo en 2018 el IMSS gastó 44 mil millones de pesos en medicamentos y “no hay”, mientras que en el ISSSTE erogaron 55 mil millones de pesos. “Hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras de medicamentos”, pero todo eso se tiene que terminar y si se necesita vamos a hacer licitaciones internacionales, “ya tenemos un convenio con la ONU”, sostuvo AMLO.          

             

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·      Crisis en el IMSS; renuncia Germán Martínez

·      Guardia Nacional no es solución mágica vs violencia

·      Alternancia no mejoró las condiciones de seguridad

·      Deben optimizar policías estatales y municipales: MB

 

Ciudad de México, 21 de mayo de 2019.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atraviesa una grave crisis, agudizada con los recortes discrecionales a la institución, mientras los derechohabientes enfrentan una compleja problemática no sólo de atención hospitalaria sino de carencia de medicamentos, muchos de ellos indispensables para la atención de enfermedades graves y crónicas. La institución se encuentra en el limite de sus capacidades, lo cual se exhibe en la saturación de pacientes, desabasto de medicamentos, desorden e insuficiencia de personal médico. Incluso las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se encuentran en el olvido, con lo cual hay una insuficiente prevención y detección oportuna de enfermedades graves y, en consecuencia, una atención médica deficiente.  

 

Tal es el telón de fondo de la renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección general del IMSS. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza su renuncia al comentar: “contamos, afortunadamente, con muy buenos funcionarios para sustituirlo”. Pero el fondo de problema se soslaya pues no se trata únicamente de la sustitución de un funcionario o el remplazo del responsable de una dirección general. Es claro que el combate a la corrupción, insoslayable en las actuales condiciones del país, no debe dejar a los enfermos sin medicamentos, ni limitar los servicios ampliados a otros sectores. La injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el IMSS, la cual incomodaba sobre manera a Martínez,  no fue más que la puntilla.

 

Dirigentes de oposición lamentaron la salida de Germán Martínez y las condiciones en las cuales se dio. Para Ángel Ávila,  dirigente del PRD, la renuncia de Martínez Cázares sólo es el reflejo de una crisis en el sector salud de México a costa de las políticas del nuevo gobierno. Verónica Fernández Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, criticó: “que en nombre de la austeridad se golpea a los que menos tienen y a los que más necesitan”. “Me parece que es inhumano que en nombre de la austeridad se dejen de comprar medicamentos, que en nombre de la austeridad se hagan recortes de personal… que en nombres de la austeridad finalmente el sector salud ahora se encuentre en crisis”, indicó la legisladora.

 

Marko Cortés, líder del PAN, aplaudió la renuncia de Germán Martínez al IMSS y señaló el gobierno de México debe transparentar e informar sobre la crisis en el Instituto. “La renuncia del director del IMSS exige transparencia sobre el tamaño de la crisis y los recortes discrecionales a la institución”, señaló.

 

Germán Martínez, en su carta renuncia, acusó la injerencia perniciosa de funcionarios de la SHCP en el IMSS y con ello ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud brindados en el Seguro Social.  “El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo”. El funcionario señaló se requiere de una gran reforma legal, y no una reglamentaria para acoplar el IMSS al sistema universal de salud, al modelo preventivo y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

 

Martínez Cázares imputó: algunos funcionarios de Hacienda intentan realizar una remodelación cosmética del IMSS y se niegan a dialogar con los encargados del Seguro Social, pues no han contestado requerimientos y cancelaron una reunión con el director del Instituto. “Por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la  Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar en todo el país, una suerte de “delegados administrativos estatales” fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”, reprochó. Y mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan y el rezago en infraestructura “es brutal”.

 

El ahora ex funcionario consideró: controlar en exceso el gasto provoca un retraso en la atención de pacientes y fortalecerá los servicios privados de salud, lo cual ocasionará más gastos de bolsillo a las familias. “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, increpó. 

 

Cabe recordar el deterioro de los servicios del IMSS está estrechamente relacionado con la aprobación de las reformas neoliberales a ese instituto entre 1995 y 1997, mediante las cuales se permitió la reducción de cuotas patronales, se estructuró un seguro de salud con perfil deficitario y se traspasaron los fondos de retiro, cesantía y vejez –cuyas aportaciones constituían la principal fuente de reservas financieras del organismo- a las administraciones para el retiro (Afore). Y así, mientras las clínicas del IMSS acumularon y acumulan desabasto, insuficiencia de espacios y deficiencias administrativas, las instituciones financieras encargadas de administrar los fondos de pensiones acumularon una bolsa que, con todo y las “minusvalías” que sufren recurrentemente, asciende a más de dos billones de pesos.

 

Este enorme daño a la institución y su inviabilidad financiera, fue adjudicado maliciosamente al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores. Además, se llevo a cabo toda una campaña de desprestigio a los activos de la institución: médicos, enfermeras y personal administrativo. Y aunque el IMSS asegura tener viabilidad financiera hasta 2030, al cierre del sexenio pasado sus indicadores de prestación de servicios de salud, como disponibilidad de camas, enfermeras y médicos, son menores que en 2012. El informe sobre la situación financiera del IMSS 2017-2018 reportó una disminución gradual del uso de reservas de 2013 a 2015, hasta prescindir de ellas en 2016 y 2017, e indicó se requiere continuar con medias de contención para extender su viabilidad hasta 2030.

 

Al arrancar la gestión de Peña Nieto, el IMSS contaba con 0.80 camas por cada mil usuarios y para 2017 reportó 0.69, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 4.8. Durante el gobierno de Felipe Calderón se construyeron 76 nuevas unidades médicas y en la de Peña Nieto sólo 26. En cuanto a médicos familiares, en 2012 el IMSS registraba 0.41 por cada mil usuarios y cerró ese sexenio con 0.35. Lo mismo sucede con las enfermeras: de 2.52 por cada mil afiliados al inicio de la administración de EPN bajó a 2.27 al cierre.

 

Y en esta administración federal no se vislumbra un cambio verdadero, sino sólo cosmético.

 

GN NO SE SOLUCIÓN MÁGICA

 

La alternancia de los gobiernos a nivel federal y en los estados no se concretó en modificaciones positivas a las condiciones de inseguridad y violencia en el país. Por el contrario, no sólo no ha habido avances, sino muchas entidades federativas han empeorado. Se resiente una escalada de violencia, falta de respuesta por parte de las autoridades y malas prácticas. Y desde ahora se advierte: la Guardia Nacional no será la solución mágica contra esa problemática.  Para resolver la inseguridad  y detener la ola de violencia se requiere que gobernadores y alcaldes profesionalicen a sus policías. De nada sirve tener una GN de primer orden si los estados y municipios no mejoran sus policías estatales y municipales. Es indispensable tener un nuevo modelo policial,

 

La actividad de los cárteles del narcotráfico, de las bandas de huachicoleo, de aquellas dedicadas a la extorsión y el secuestro, impulsaron la violencia en el territorio nacional durante los primeros meses de la nueva administración federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican: de enero a marzo se registraron 8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento del 9.60 % respecto a los 7,750 asesinatos registrados en el mismo periodo de 2018.  Todo parece indicar este año romperá el récord como el más violento de la historia, al superar los 33,518 asesinatos de 2018.

 

Guanajuato es el estado  con mayor violencia en los primeros meses de 2019, con 967 asesinatos de enero a marzo. La entidad se la disputan a sangre y fuego el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. El Estado de México es la segunda entidad más violenta, con 769 homicidios; y Jalisco, el tercero, con 720. La alternancia política y los cambios de administraciones estatales no han influido para reducir los índices de homicidios y delitos. Los nuevos gobiernos no han sido capaces de revertir la inseguridad, la cual ha ido empeorando paulatinamente. El año pasado renovaron gobernador los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla y Yucatán, así como la Ciudad de México.

 

El PAN retuvo Guanajuato y Puebla; Movimiento Ciudadano le arrebató Jalisco al PRI; el panismo sustituyó al tricolor en Yucatán; y Morena se alzó con el triunfo en Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. La alternancia partidista no les trajo ningún beneficio a la ciudadanía. La inseguridad siguió prevaleciendo. Por ejemplo, en Guanajuato, de acuerdo a cifras oficiales, se registraron 957 víctimas en 2015; mil 96 en 2016; mil 423 en 2017; y 3 mil 290 en 2018. Y la tendencia sigue este año. En seis meses, Diego Sinhué Rodríguez no ha podido detener los altos índices de violencia. En los últimos seis meses de la gestión anterior se cometieron mil 726 asesinatos; ya con Rodríguez en el poder, en el periodo octubre 2018 a marzo 2019, los homicidios se elevaron a mil 768.

 

Morelos presenta un aterrador panorama, con un incremento de homicidios del 33 por ciento desde la llegada al gobierno estatal del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. En los últimos seis meses de la gestión de Graco Ramírez, hubo 367 asesinatos, con Blanco la cifra se elevó a 488 casos en el primer semestre de su administración. El  nuevo gobierno no logra resolver lo problemas de inseguridad y, lo peor, no cuenta con una estrategia para solucionar esta situación.

 

En Veracruz, gobernado ahora por el morenista Cuitláhuac García, los homicidios dolosos se mantienen en los mismos índices de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. En sus últimos cuatro meses (agosto a noviembre de 2018), se registraron 544 asesinatos; en el primer cuatrimestre de Cuitláhuac García, la cifra fue de 539, sólo cinco casos menos. García culpa a su antecesor y al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, por la inseguridad.

 

Chiapas, gobernada por el morenista Rutilio Escandón, logró disminuir los  índices de homicidios tan sólo un 2% en el primer cuatrimestre de su gestión. Yucatán, con el panista Mauricio Vila, redujo los homicidios de 31 a 19 en el primer semestre de ejercicio, comparado con el último de Rolando Zapata.

 

La capital de la República también resiente incrementos en la inseguridad. En los primeros cuatro meses de la administración de Claudia Sheinbaum los asesinatos se incrementaron 39%, en comparación con los últimos cuatro meses del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entre agosto y noviembre de 2018 se contabilizaron 436 víctimas de homicidio, mientras entre diciembre y marzo la cifra escaló a 614.

 

Los gobiernos estatales, al igual que la administración federal, tienen puestas sus esperanzas de resolver la inseguridad y frenar la ola de violencia, con el despliegue de la Guardia Nacional. Los mandatarios ya consideran solicitar el apoyo del gobierno federal para el envío de elementos que resguarden su territorio. Sin embargo, Ricardo Mejía Berdeja, jefe de la Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, advierte desde ahora que la Guardia Nacional no resolverá por si sola los problemas de inseguridad y violencia. Es indispensable, dijo, que gobernadores y alcaldes profesionalicen a sus policías.

 

Al participar en el congreso “Análisis de las políticas públicas del Gobierno Federal 2018-2024”, en la mesa de Seguridad y Justicia, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Mejía Berdeja sostuvo: de nada sirve tener una Guardia Nacional de primer orden si los estados y municipios no mejoran sus policías estatales y municipales. Por eso, agregó, “estamos impulsando un nuevo modelo policial que se va  llevar al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). La idea, explicó, es que los gobernadores y los alcaldes hagan su tarea con sus policías municipales y estatales, es decir, no sólo esperen que la Federación, a través de la Guardia Nacional, vaya a resolver el problema.

 

El esquema del nuevo modelo policial plantea mejorar las condiciones de capacitación, salariales y de prestaciones a los policías locales, destacó Mejía Berdeja en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 

Por lo pronto, en el Senado de la República, de manera unánime las fracciones parlamentarias avanzaron la aprobación de las leyes secundarias para la Guardia Nacional. Los legisladores acordaron que los elementos del Ejército y la Marina quienes participen en la GN deberán pedir licencia a esas instituciones, a fin de quedar bajo el mando del nuevo cuerpo de seguridad, el cual estará bajo la jurisdicción del fuero civil.

 

DE LOS PASILLOS

 

Inició operaciones el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, vinculado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con una subasta de autos de lujo con monto de salida de casi 22 millones de pesos, entre ellos vehículos Porsche, Corvette y Lamborghini. Le seguirán otras subastas de bienes inmuebles y una más de joyas incautadas, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia diaria. En el caso de los inmuebles, detalló Ricardo Rodríguez, responsable del SAE, se rematarán tres propiedades con un valor conjunto de 133 millones de pesos, ubicadas en Las Lomas y Jardines del Pedregal…

 

Rosario Robles mantiene su coraza de impunidad. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca que dos de sus subalternos cuando dirigía la Secretaría de Desarrollo Social regresen más de 400 millones de pesos por presuntos desvíos de recursos en 2014. Se trata de  Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación Social de la Sedesol, y Amado Treviño Torres, ex director de Vinculación y Concertación Social. El saqueo a la  Sedesol y la Sedatu por parte de las gestiones de Robles asciende hasta el momento a mil 900 millones de pesos.

 

 

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